El exdirector de AARO, Sean Kirkpatrick, afirma que el liderazgo del Pentágono ordenó retirar las conclusiones investigativas de los casos UAP desclasificados antes de su publicación pública, permitiendo que incidentes ya resueltos se publicaran como "no resueltos". La acusación plantea serias dudas sobre la integridad del programa de divulgación insignia del gobierno, PURSUE.
En una entrevista concedida el 1 de noviembre a Fox News Digital, Sean Kirkpatrick, director fundador de la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios (AARO) del Pentágono, hizo una afirmación sorprendente: el liderazgo del Pentágono eliminó deliberadamente las conclusiones analíticas de los archivos de investigación sobre UAP antes de que fueran divulgados al público como parte de la iniciativa de divulgación PURSUE. Según Kirkpatrick, esta directriz transformó casos previamente resueltos en registros oficialmente "no resueltos", tergiversando de manera fundamental los resultados de las investigaciones ante el público estadounidense.
Kirkpatrick declaró que muchos de los casos publicados como no resueltos habían sido, de hecho, resueltos por AARO durante su mandato. "Muchos de estos casos los resolvimos, e incluso informé sobre varios de ellos al Congreso con las respuestas, qué eran y qué era probable que fueran", dijo. Además, afirmó que "el liderazgo del Pentágono había dicho a AARO que eliminara todo el lenguaje de resolución y publicara estos casos como no resueltos". Según Kirkpatrick, la justificación ofrecida para esta práctica era permitir que "la gente forme su propia opinión", un planteamiento que calificó de contraproducente. "Permitir que, y cito textualmente, 'la gente forme su propia opinión', que es lo peor que se puede hacer, porque lo único que logras es seguir alimentando las llamas de la conspiración con un montón de tonterías".
Esta acusación surgió en el contexto de la crítica más amplia de Kirkpatrick a los archivos de PURSUE recién publicados, en particular al informe del FBI de 2026 que documenta el avistamiento de un objeto triangular negro sobre una cresta montañosa en el oeste de Estados Unidos. Kirkpatrick subrayó que el relato del FBI carecía de pruebas suficientes —ninguna fotografía, dato bruto de sensores ni otro material corroborante— para determinar qué observaron realmente los testigos. Su escepticismo se extendió a la credibilidad de los propios testigos, sosteniendo que los antecedentes del FBI por sí solos no validan un testimonio sin pruebas de respaldo.
El momento en que se producen las afirmaciones de Kirkpatrick es significativo. El programa PURSUE, lanzado por la administración Trump en mayo de 2026, ha publicado más de 470 archivos en siete entregas hasta finales de octubre, con el objetivo de poner a disposición del público los registros gubernamentales sobre UAP. La iniciativa ha sido presentada por funcionarios de la administración como un avance en materia de transparencia, y portavoces del Pentágono y del Departamento de Guerra han destacado la magnitud de la desclasificación. Sin embargo, las acusaciones de Kirkpatrick sugieren que los materiales divulgados podrían haber sido objeto de una revisión editorial destinada a oscurecer, en lugar de esclarecer, las conclusiones investigativas.
Kirkpatrick, que dirigió AARO desde su creación hasta 2026, posee conocimiento directo de cómo se clasificaron y resolvieron los casos durante su liderazgo. Su marco analítico de tres categorías —tecnología de adversarios extranjeros, objetos ordinarios o efectos de sensores mal identificados, y explicaciones extraterrestres— guió las investigaciones de AARO. Afirmó sin ambigüedades que ninguno de los casos analizados por su oficina coincidía con una firma extraterrestre, una conclusión que contradice la especulación pública alimentada por la presentación de casos "no resueltos".
Cabe destacar que Kirkpatrick se negó a especificar qué líderes del Pentágono emitieron la directriz ni cuándo se transmitió. El Pentágono no ha confirmado ni desmentido públicamente su acusación, ni ha ofrecido una explicación oficial sobre ninguna modificación del lenguaje de resolución en los archivos divulgados. Este silencio contrasta con las detalladas sesiones informativas del Departamento de Guerra sobre otros aspectos de las publicaciones de PURSUE, lo que sugiere una reticencia institucional a abordar la acusación de manera directa.
La acusación plantea preguntas fundamentales sobre la credibilidad del programa de divulgación PURSUE y el compromiso del Pentágono con la publicación transparente del material de investigación. Si el liderazgo del Pentágono oscureció deliberadamente las conclusiones analíticas, el público no puede distinguir de manera fiable entre los casos genuinamente no resueltos y aquellos cuyas resoluciones fueron retenidas por motivos estratégicos o de relaciones públicas. Esta distinción es fundamental para un debate público informado sobre los UAP.
Expertos y defensores de la transparencia han comenzado a responder a las afirmaciones de Kirkpatrick. Algunos han señalado que dicha revisión editorial —de confirmarse— contradiría el propósito declarado de PURSUE y socavaría la confianza en el propio proceso de divulgación. Otros piden una investigación del Congreso sobre la acusación, argumentando que cualquier manipulación sistemática de registros desclasificados justifica la supervisión legislativa. Es probable que en las próximas semanas aumente la presión sobre los funcionarios del Departamento de Guerra y de AARO para que corroboren o refuten el relato de Kirkpatrick y expliquen cualquier modificación realizada en los archivos de casos divulgados.
